Hábitat y Vivienda / Ley de uso del suelo y hábitat /

Instrumentos de gestión urbanística

La norma avanza en la definición y establecimiento de diversas herramientas de aplicación por parte de los gobiernos locales. En este marco, establece posibilidades de fijar normas especiales de urbanización, parcelamiento, uso y ocupación del suelo que permitan mejor aprovechamiento de los recursos físicos y de capital social afectados a política de hábitat.

Asimismo, regula la posibilidad de ejercer el denominado derecho de preferencia en favor del Estado para la adquisición de inmuebles cuando existan fundamentos en la regularización dominial de asentamientos irregulares y/o de ejecución de programas de interés social y urbano.

De igual modo, la norma regula la fijación de requerimientos especiales de aporte y/o cesión (el equivalente a un 10% de la superficie urbanizada descontada calles) para aquellos emprendimientos de desarrollo urbano de gran escala (con parcelas mayores a los 10.000m2), estableciendo que la misma podrá ser en suelo, infraestructura o valor equivalente y para el uso exclusivo de urbanizaciones de interés social.

Asimismo, la norma regula nuevas formas asociativas entre el sector público y respecto de éste y el sector privado, orientadas a generar suelo con servicios básicos para disponer entre sectores que no cuentan con lote o vivienda propia.

La norma permite además que los gobiernos locales que adhieran a la misma puedan establecer el uso obligatorio de suelo vacante a través de normativas locales específicas, en las que se disuada la tenencia especulativa de suelo, fijando condiciones especiales de uso y plazos para el parcelamiento y edificación.

Mención especial requiere el tratamiento que el proyecto normativo otorga a las obligaciones en relación al cuidado del suelo por parte de sus propietarios y de la consideración como costo social del suelo degradado y en condiciones de abandono.
Los suelos degradados o en condiciones de abandono por parte de sus propietarios serán considerados un costo social y ambiental para la comunidad y determinará una obligación de remediación por parte de sus titulares registrales.