Gobierno Abierto

La provincia de Santa Fe realizó la apertura de datos más importante sobre el sistema de justicia

El Gobierno de la provincia de Santa Fe presentó el informe de resultados de la meta: “Apertura de información del Servicio de Justicia”, un compromiso asumido ante la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership – OGP) en el marco del tercer Plan de Acción Nacional de la República Argentina que se implementó desde el 2017 y hasta el presente año.

Los datos abiertos del servicio de justicia abarcan información sobre recursos edilicios, recursos humanos (cantidad y detalle de magistrados, empleados), juzgados, presupuesto; causas, sentencias, cantidad de audiencias y juicios, tiempos promedio de duración de los juicios y muchos datos más. Todos ellos están incluidos en más de 100 archivos que se pueden consultar y descargar del portal de Datos Abiertos provincial www.santafe.gob.ar/datosabiertos, libres de barreras tecnológicas, legales o económicas.

A continuación, estos son algunos ejemplos de los datos que se encuentran abiertos:

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La presentación se realizó el 30 de septiembre en la ciudad de Rosario y estuvo encabezada por el Gobernador Miguel Lifschitz, acompañado por el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein; el subsecretario de Innovación Pública de Santa Fe, Diego Gismondi; y el representante de Acción Colectiva, Tristán Álvarez.

“Entendemos que son indispensables los planes de Gobierno Abierto. Estos requieren, a su vez, el desarrollo de tecnologías para que podamos disponer de la información y que esté actualizada constantemente, con formatos accesibles. Sobre esto hemos avanzado a lo largo de estos años; esta meta que cumplimos hoy es un paso muy adelante porque se enfoca, además, en un aspecto del funcionamiento del Estado que generalmente tiene mucha dificultad para el acceso del ciudadano común. No por nada en particular, sino por la tradición de los propios procesos judiciales”, aseguró el gobernador.

“Venimos a cumplir con esta demanda social, con las expectativas de los ciudadanos que reclaman justicia cuando se sienten personalmente afectados por una situación de crimen o violencia. Entendemos que esa demanda de justicia es también un reclamo de información. Finalizamos nuestra gestión habiendo priorizado las políticas referidas al Poder Judicial y concluyendo este proyecto tan importante que nos pone en lugar de privilegio en el país en materia de gobierno abierto”, agregó.

Participación

La meta surgió de un proceso de participación que se llevó adelante durante el 2017 y que contó con el trabajo colaborativo de diferentes organismos, referentes de una veintena de organizaciones (OSC) e iniciativas ciudadanas. En este sentido, y a partir de una consulta pública se eligió la propuesta de la Asociación Civil Acción Colectiva, cuyo objetivo era democratizar y transparentar  información del ámbito judicial.

En la ejecución de este compromiso participaron el Ministerio de Gobierno junto con el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, el Servicio Penitenciario dependiente del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y el de Trabajo y Seguridad Social. A ellos se sumaron el Consejo de la Magistratura y la Agencia de Gestión de Mediación.

Todo el proceso de relevamiento y apertura de información fue sometido a revisión y control de una mesa plural de seguimiento conformada conjuntamente por todos los sectores involucrados: organismos públicos, organizaciones y miembros de la sociedad civil.

«Se trata de información pormenorizada que a lo mejor para el ciudadano común no tiene tanta importancia pero sí para los periodistas, los investigadores, las instituciones en general. Así que es un avance realmente muy importante», concluyó Lifschitz.

Sobre la Alianza para el Gobierno Abierto

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en Inglés) es una iniciativa multilateral voluntaria que promueve el trabajo colaborativo entre Estado y organizaciones de la sociedad civil. Cada dos años, los países elaboran un plan de acción, con la sociedad civil, que constituye el instrumento que guiará las reformas acordadas (compromisos).

En este sentido, Argentina llevó adelante su 3er. Plan de Acción Nacional como miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto en donde contó con el compromiso de 11 metas subnacionales de Santa Fe, Buenos Aires, CABA,  Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Neuquén y Salta.