El objetivo central del programa es reducir el uso de papel en la Administración Pública, generando un impacto positivo tanto en la eficiencia estatal como en el medio ambiente.

El objetivo central del programa es reducir el uso de papel en la Administración Pública, generando un impacto positivo tanto en la eficiencia estatal como en el medio ambiente.

¿Cómo dejamos el papel atrás?

Implulsando una serie de medidas transversales como:

Difusión
de prácticas sustentables en oficinas públicas

Uso de impresión
en
doble faz

Reutilización
de hojas como borrador

Impulso a las comunicaciones internas vía correo electrónico

Implementación de firma digital para decretos y resoluciones

Sin embargo, el cambio más significativo es cultural: promover una reflexión diaria sobre prácticas tradicionales y arraigadas, tal como la necesidad de imprimir documentos en papel.

¿Cómo dejamos el papel atrás?

Implulsando una serie de medidas transversales como:

Difusión
de prácticas sustentables en oficinas públicas

Uso de impresión
en
doble faz

Reutilización
de hojas como borrador

Impulso a las comunicaciones internas vía correo electrónico

Implementación de firma digital para decretos y resoluciones

Sin embargo, el cambio más significativo es cultural: promover una reflexión diaria sobre prácticas tradicionales y arraigadas, tal como la necesidad de imprimir documentos en papel.

La despapelización es un paso clave hacia una administración moderna y sostenible. Este manual invita a repensar nuestras prácticas cotidianas, promoviendo el uso de herramientas digitales y una cultura de trabajo más responsable con los recursos y el ambiente.

¿Por qué era urgente?

Al inicio de la gestión, realizamos un relevamiento del estado de los archivos físicos en toda la administración. Los resultados revelaron una desorganización normativa, la falta de criterios comunes de archivo y un gasto mensual superior a $15 millones en alquileres y servicios de guarda de archivos.

¿Por qué era urgente?

Al inicio de la gestión, realizamos un relevamiento del estado de los archivos físicos en toda la administración. Los resultados revelaron una desorganización normativa, la falta de criterios comunes de archivo y un gasto mensual superior a $15 millones en alquileres y servicios de guarda de archivos.

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