La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario confirmó este jueves la condena a prisión perpetua al autor de los crímenes de Mía Valenzuela y de su madre, Laura López, hecho ocurrido en enero de 2013 en el marco de una entradera a la vivienda de las víctimas, ubicada en el barrio La Lagunita. El Centro de Asistencia Judicial (CAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia actuó como querellante.
El director de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial de la provincia, Fernando Sirk Marezca, manifestó su satisfacción por la confirmación de la condena. “Esperábamos con mucha ansiedad este momento, pero también con mucha seguridad, porque sabíamos del excelente trabajo que habían realizado las profesionales del CAJ. Fue un caso muy complejo que demandó una gran labor, como lo exige la intervención como querellantes”, indicó el funcionario.
Sirk Marezca también manifestó que “sabemos que la pérdida que sufrieron los familiares de Mía y de Laura nunca podrá ser reparada, pero es un gran paso para que se haga justicia y que los responsables no queden impunes. En eso mucho ha tenido que ver la decisión política del gobernador Miguel Lifschitz y del ministro Ricardo Silberstein de impulsar y apoyar el servicio que brinda la institución”, en referencia al Centro de Asistencia Judicial.
LA CAUSA
El imputado, Jonatan O., había sido condenado a prisión perpetua en primera instancia, el 21 de noviembre de 2016, por los delitos de doble homicidio agravado críminis causa en concurso real con robo. Pero la defensa apeló la decisión del juez y el caso subió a la Cámara de Apelaciones.
Desde ese momento, los integrantes del equipo interdisciplinario de asistencia a la víctima del CAJ Rosario, quienes venían actuando desde el inicio del proceso penal como parte querellante en representación de los familiares de Mía Valenzuela y su mamá, trabajaron para la confirmación de la sentencia de primera instancia.
La audiencia de apelación tuvo lugar el 22 de agosto pasado, con la participación de las abogadas Virginia Llaudet Maza, Ingrid Plessen y Agustina Prestara y la psicóloga Eugenia De Loredo, todas del CAJ; el fiscal de Cámara, Guillermo Corbella; y la defensora oficial del ahora condenado, Florencia Chaumet.
La decisión que confirmó la sentencia condenatoria apelada fue firmada por los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal; Bibiana Teresa Alonso, Gabriela Sansó y Gustavo Alfredo Salvador.
CENTROS DE ASISTENCIA JUDICIAL
En la actualidad funcionan seis CAJ en la provincia, en las ciudades de Rafaela, Reconquista, Rosario, Santa Fe, Tostado, y Vera. Se trata de instituciones integradas por equipos interdisciplinarios de abogados, trabajadores sociales y psicólogos que asisten a testigos, víctimas y familiares de víctimas de delitos penales.
En los Centros de Asistencia Judicial funciona una oficina de mediación penal y otra de asistencia a la víctima, la única del país que puede ejercer representación de víctimas en juicio patrocinándolas o, mediante poder especial, constituyéndose como querellantes. La figura del querellante permite a los damnificados y/o a sus familiares ser parte activa en el proceso penal y participar del mismo.
