Los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y de Economía, Gonzalo Saglione, brindaron esta martes una conferencia en el salón Auditorio de la Casa de Gobierno para presentar un proyecto de Ley de Financiamiento de la Inversión Pública Provincial dividida en dos capítulos: uno destinado a obtener endeudamiento por 500 millones de dólares, correspondiente el segundo tramo del monto solicitado el año pasado por mil millones para a la realización de obras públicas; y otro proyecto novedoso, por 300 millones de dólares, para lograr créditos con instituciones internacionales destinados a municipios y comunas con el objetivo de realizar trabajos de pavimentación.
Farías explicó que “tal cual lo anunciáramos el año pasado, en el momento en que la Legislatura autorizó al Ejecutivo a emitir títulos por 500 millones de dólares, planteamos que existía un muy ambicioso plan de obras públicas en la provincia para el cual esos recursos no serían suficientes, de hecho ya está el cien por ciento comprometido en diferentes obras que están en distintas etapas de ejecución”.
“Por ello -prosiguió- recurrimos nuevamente a la Legislatura para extender el segundo tramo de la solicitud originaria del Poder Ejecutivo, que era de mil millones de dólares”.
Además, el ministro especificó que se solicitará un proyecto novedoso que posibilitará de obtener el financiamiento de 300 millones de dólares de parte de instituciones de crédito internacionales, para obras de pavimentación en municipios y comunas”. En ese sentido, explicó que “se toma el crédito y se otorga voluntariamente a los municipios y comunas que lo deseen”.
OBRAS DE PAVIMENTO
Saglione explicó que el proyecto de Ley de Financiamiento de la Inversión Pública Provincial tiene dos capítulos: “En primer lugar estamos solicitando autorización para una operación de financiamiento del Banco Mundial por U$S 300 millones, con el destino exclusivo de financiar obras de pavimento urbano en los 363 municipios y comunas de la provincia”.
Al respecto, indicó que en el marco de la misión que este miércoles iniciará el gobernador Miguel Lifschitz a Washington, Estados Unidos, “esperamos cerrar una transacción que venimos gestionando desde hace un tiempo y que, para su concreción, requiere autorización legislativa”.
Sobre la operación, sostuvo que debe tener una plazo de amortización de al menos seis años pero "estamos negociando un plazo superior a eso. En el proyecto de ley establecemos que, dado que el financiamiento proviene de un organismo multilateral, la tasa de interés se debe garantizar que esté por debajo de la tasa de interés oportunamente pagada por la provincia cuando emitimos títulos públicos en el marco de la Ley 13.543”.
En el proyecto de ley propone que los recursos sean canalizados a favor de los municipios y comunas de forma tal de anticiparles lo que deberían cobrar una vez que Nación cancele a la provincia la deuda generada a partir de los fallos de la Corte Suprema de Justicia del 24 de noviembre de 2015.
“Como ustedes saben, un 13,4372 % de esa deuda, que a precios históricos es cercana a los 23.500 millones de pesos, algo más de 3100 millones de pesos corresponde a los municipios y comunas. Y es constante el requerimiento de ellos para ejecutar obras de infraestructura, fundamentalmente pavimento urbano”, subrayó el ministro.
"En ese sentido, y más allá de la demora del gobierno nacional registra para con Santa Fe en el reconocimiento y pago de la deuda, la provincia presenta este mecanismo a municipios y comunas no para financiar cualquier tipo de gastos, sino específicamente el gasto que requieren las obras de pavimento urbano que es una necesidad constante a lo largo de toda la provincia".
Del mismo modo, aclaró que “de los U$S 300 millones, algo más de 3100 millones de pesos (aproximadamente U$S 170 millones) van a ser destinados a los municipios y comunas bajo esa modalidad, es decir que los municipios y las comunas no se estarían endeudando con la provincia sino que estarían cediendo los derechos de cobro de la deuda histórica por los fallos de la Corte”, explicó.
En cuanto al monto que queda, “se podrá destinar para el mismo fin -pavimento urbano a aquellos municipios y comunas que deseen tomarlo en calidad de financiamiento- para lo cual proponemos las mismas condiciones financieras que aquellas que tomemos nosotros como provincia con el Banco Mundial”.
“Este proyecto es neutro para la provincia en términos económicos-financieros porque en el mismo momento en el cual estamos tomando el pasivo con el Banco Mundial, estamos generando el activo financiero correspondiente, ya sea la deuda de municipios y comunas con la provincia o la cesión de cobro de los derechos emergentes de los fallos de la Corte. Es importante remarcar esto porque es absolutamente neutro: no significa un cambio en la posición de endeudamiento de la provincia. En la misma magnitud que crece el pasivo, crece el activo a disposición de la provincia”, indicó Saglione.
150% DE INCREMENTO EN OBRAS PÚBLICAS
El segundo componente dentro de la Ley de Financiamiento de la Inversión Pública avanza sobre lo conversado en la discusión parlamentaria el pasado año, en oportunidad de sancionarse en junio la Ley 13.543, que le permitió a la provincia buscar financiamiento en el mercado de capitales y hacerlo con muy buenos resultados.
El monto autorizado de U$S 500 millones fue emitido en dos etapas -U$S 250 millones en octubre de 2016 y los otros 250 millones en marzo de este año- para ejecutar las más de 190 obras que están listadas en el anexo de la ley.
“A la fecha hemos comprometido el 100% de los recursos con algo más de 120 obras de ese listado. Entendiendo que es importante poder concluir todas esas obras -incluso con la expectativa de incluir nuevas obras- volvemos a la Legislatura para solicitar autorización por U$S 500 millones adicionales que permitan concretar las obras que están en el anexo de la ley -que hasta el momento no se ejecutaron- e incorporar nuevas obras”, dijo el ministro de Economía.
La posibilidad de salir al mercado le permitió a la provincia tener un crecimiento de la inversión pública interanual que fue mas del 80% el año pasado (2016 respecto de 2015) y, en lo que va de 2017, tiene un incremento de aproximadamente el 150%, respecto del mismo período de 2016.
“También permite posicionar a Santa Fe en el nivel de tasa de interés más baja que haya pagado una provincia argentina desde la salida del default, de marzo de 2016 hacia el presente, con lo cual tenemos muchas expectativas positivas sobre el éxito que tendría una nueva colocación de la provincia en el mercado de capitales”, señaló Saglione.
REFORMA TRIBUTARIA
La segunda ley que presentará la provincia a la Legislatura consiste en una reforma tributaria, que en la reunión plenaria de este lunes de la Comisión de Sistema Tributario Provincial, permitió aunar consensos con entidades de la producción, que están debidamente trasladados al proyecto de ley.
Farías dijo que "la reforma tributaria que se está planteando es el resultado de la Comisión de Seguimiento y Análisis Tributario de la provincia, que desde los primeros meses de la gestión viene funcionando y que luego fue ratificada por ley, y a la cual se han integrado senadores y diputados”.
El ministro sostuvo que “ya el año pasado se establecieron modificaciones y hoy, en acuerdo con instituciones, estamos elevando una modificación de los tributos de Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario”.
Por su parte, Saglione recordó que “esta práctica que se comenzó en 2016 en la provincia de Santa Fe es inédita en el país, esto no se da en el plano nacional. Este trabajo de ida y vuelta con los representantes de los contribuyentes y los diferentes sectores productivos permitió un muy buen trabajo en 2016 que arribó a consensos finales que luego fueron aprobados por la Legislatura. La misma, en 2017 le dio rango de ley a la comisión y participaron tres senadores y tres diputados en todas las reuniones realizadas en este año y se acordaron algunas modificaciones que fueron trasladadas al proyecto de ley que hoy ingresa a la Legislatura”.
El ministro señaló que “estas modificaciones son en consonancia con lo suscripto entre el gobierno de Santa Fe, otras 22 provincias argentinas y el gobierno nacional, en el marco del Consenso Fiscal firmado el pasado 16 de noviembre. Y resultan del trabajo realizado durante todo el año con las entidades de la producción”.
Las modificaciones tributarias, que propone la provincia para 2018, refieren a impuestos sobre los Ingresos Brutos y al Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural. El proyecto no contempla modificaciones al impuesto Automotor y tampoco a Sellos.
>>>Eliminación de alícuota diferencial:
Respecto de Ingresos Brutos se propone la eliminación de lo que se llama la alícuota diferencial a los contribuyentes de extrañas jurisdicciones: “Aquellos que teniendo actividad comercial, productiva en general, en la provincia de Santa Fe pero no tienen aquí su domicilio tributaban una alícuota mayor hasta este momento", detalló, y agregó que ahora "se propone la eliminación de ese concepto en esta jurisdicción, que en los medios de comunicación se conoce como Aduanas Interiores: se propone la eliminación a partir del 1 de enero de 2018, cosa que la alícuota sea la misma, independientemente del domicilio fiscal del contribuyente”.
>>> Ley de Pymes:
El proyecto de ley establece la prevalencia de lo que se llama Ley Pymes, respecto de la modificaciones tributarias establecidas: “En todos aquellos casos en los cuales la modificación tributaria pueda dejar al contribuyente en una situación de mayor presión, eso no entrará en vigencia en tanto y en cuanto la Ley Pymes le garantiza estabilidad tributaria. Por ello, todas las Pymes van a pagar igual o menos que lo que venían pagando en términos de Ingresos Brutos hasta el momento”.
>>> Por sectores económicos:
El proyecto de ley persigue el objetivo para el sector industrial de que la alícuota se encuentre igual o por debajo de los máximos establecidos en el consenso fiscal firmado con Nación: “Que los que actualmente pagan 0% sigan pagando ese porcentaje, es decir que sigan exentos de pagar Ingresos Brutos en la provincia; que pueda operar una reducción sobre un número significativo de contribuyentes; y un elemento clave de los objetivos perseguidos al momento de diseñar estos cambios es que ningún contribuyente del sector industrial en la provincia de Santa Fe pague más impuestos sobre los Ingresos Brutos de lo que viene pagando en este 2017 en la provincia de Santa Fe. Estas son las cuatro premisas que orientaron el diseño de las modificaciones”, dijo el ministro.
Como resultado de lo planteado, se deduce que:
> 12.752 contribuyentes del sector industrial van a ver disminuida su presión tributaria, en forma directa.
> 2561 contribuyentes van a pagar la misma alícuota que venían pagando, que en muchos casos es del 0% en la provincia de Santa Fe, pero que van a beneficiarse por la eliminación del concepto que tenía la jurisdicción en otras provincias y en consecuencia, la disminución de la alícuota de la parte que pagan por lo que venden a otras provincias.
> 12.135 contribuyentes del sector industrial mantendrán la situación hoy vigente. De ese total, 12.068 contribuyentes, es decir el 99,45% seguirán pagando 0%, es decir que no pagan impuestos sobre los Ingresos Brutos.
> En el sector agropecuario, si bien el consenso fiscal firmado con Nación establecía una alícuota máxima de este impuesto del 1,5% para 2018, se acordó que siga sin tributar el impuesto sobre Ingresos Brutos.
> El sector construcción mantiene la alícuota vigente para la actividad propiamente dicha, que es del 2%, pero se reduce la alícuota para todos aquellos contribuyentes que prestan servicios conexos a la construcción, que hasta el momento venían pagando el 3,3%, el 3,6% o el 4,5% según la categoría de contribuyente por el tamaño de facturación. A partir de la propuesta pasarían a pagar el 3%, reduciéndoseles la alícuota.
> En comercio y servicios se mantienen las alícuotas vigentes, a pesar de que los índices fijados en el Consenso Fiscal son superiores, y solo se aplica la alícuota de este Consenso para los algo más de 60 contribuyentes santafesinos que son grandes comercios. A ellos se les establece la alícuota del 5%. En tanto, se plantea como necesario para poder mantener los beneficios a todos los demás contribuyentes que están por debajo de la alícuota fijada por el Consenso Fiscal del 5%. Los que pagan 3,3%, 3,6% y 4,5% van a seguir igual.
RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA LOS PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES
“Para el 2018 también proponemos una iniciativa que fue bien recibida por los contribuyentes en este 2017, que tiene que ver con sostener el régimen simplificado para los pequeños contribuyentes que son aquellos que hasta el año pasado había facturado menos de un millón de pesos. A esto lo sostenemos en el 2018, lo acordamos con las entidades”, explicó Saglione.
Por otra parte, respecto de "los más de 100 mil contribuyentes están adheridos al régimen simplificado, lo que marcó una reducción tributaria a los pequeños contribuyentes santafesinos, se sostienen para el 2018 y se actualizan los montos de las escalas en sintonía con la inflación proyectada para el presente ejercicio, en el orden del 25% anual”, afirmó. Del mismo modo el límite para poder adherir al régimen simplificado que era una facturación anual de un millón de pesos, se eleva a $ 1.250.000.
En el interior del régimen simplificado hay ocho categorías, el monto máximo de cada una de ellas también aumenta un 25 %, de forma tal que el contribuyente que este año facturó más por el efecto inflacionario, mantenga la misma categoría que tuvo en el 2017.
IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL
El ministro expresó que “se propone un aumento progresivo de entre el 25% para las categorías de menos valor fiscal y del 30% para las más altas”.
También se dispone la creación de un coeficiente o factor de convergencia que se aplica solo para aquellas partidas cuyos valores catastrales están muy distorsionados con respecto al valor medio del sector. “Esto apunta al objetivo de empezar a corregir, muy gradualmente, las inequidades que tiene el Impuesto Inmobiliario a su interior, que lleva a que dos propiedades que tienen el mismo valor de mercado no estén pagando lo mismo una que la otra”, amplió.
“Si bien la solución definitiva a esto podría alcanzarse una vez acordados los nuevos valores catastrales, como no está vigente la ley en cuestión, empezamos a dar un primer paso en el 2018 con la introducción de este factor de convergencia que solo aplica a aquellas partidas que tienen distorsión relativa en sus valores, es decir que la mayoría no va a tener incorporado el factor de convergencia”, adelantó Saglione.
Por otra parte, el titular de la cartera económica indicó que para este impuesto se propone la reducción de los porcentajes que actualmente aplican en concepto de adicional a los grandes propietarios rurales: “Hoy hay dos categorías adicionales. Para determinados contribuyentes el adicional es del 80%, esto se reduce al 60%; y en otros contribuyentes en los que el adicional es de 120%, esto se reduce al 100%. Es un camino gradual mediante el que empezamos a reducir estos adicionales al propietario rural”.
La consecuencia de la combinación de los tres elementos -aumento entre el 25% y el 30%, factor de convergencia y la reducción del adicional a grandes propietarios rurales- significa que el 45% de las partidas del Impuesto Inmobiliario Rural van a tener aumentos de menos de $ 50 por mes, un 29% va a tener aumentos mensuales de entre $ 50 y $ 208; y solo el 26% de las partidas, va a tener un aumento superior a $ 208 por mes”.
IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO
En este caso se aplica el mismo criterio metodológico que para el Inmobiliario Rural: un aumento progresivo del 25% para las menores categorías, para las categorías intermedias del 28% y para las propiedades de alto valor, que implican alto poder adquisitivo del propietario, un aumento del 30% sobre el impuesto 2017; y un coeficiente de convergencia que solo se aplica a aquellas partidas que tienen valores relativos distorsionados.
“Como resultado de estos dos elementos, Saglione dijo que “en 2018, el 71% de las partidas van a tener aumentos menores a $ 33 por mes” y solo el 8 % de las partidas, que se corresponden con propiedades de alto valor, “van a tener aumentos mayores a $ 125 mensuales”.
