Las entidades privadas, en articulación con los distintos organismos estatales, intervienen de manera complementaria y/o subsidiaria en aquellas circunstancias en que las familias, la comunidad y las políticas públicas de alcance masivo no logran garantizar el acceso de las niñas/os y adolescentes al efectivo ejercicio de sus derechos.
El programa contribuye a generar una política de gestión asociada con las organizaciones de la sociedad civil y con municipios y comunas a través de convenios anuales, optimizando los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles.
