En la oportunidad expresó que “dar la discusión sobre la propiedad de la tierra es uno de los principales desafíos para los gobiernos que están preocupados por la producción social del hábitat”. Y agregó que “desde el gobierno provincial, partimos de una mirada muy clara acerca de lo que representa el territorio, no solo en términos físicos sino fundamentalmente en función de las relaciones sociales que se ponen en juego en cada uno de los barrios donde intervenimos como Estado”.
Granato resaltó además que, “siendo coherentes con nuestros principios políticos, no podemos dejar de apoyar ideológicamente el espíritu de este proyecto de ley que hay que seguir desarrollando y discutiendo”.
El director abordó otros dos aspectos claves de la propuesta legislativa: “Nosotros venimos avanzando en relación al vínculo que se establece entre el Estado y las organizaciones sociales, no solo desde un lugar de transferencia de recursos sino fundamentalmente para discutir juntos políticas públicas. Otro punto importantísimo tiene que ver con los criterios de selección de los beneficiarios de las viviendas: consideramos que las organizaciones deberían tener el respaldo del Estado para darle al proyecto de ley un carácter de política pública”, señaló.
Por último, agradeció la invitación al evento y se mostró convencido de que “hablar de hábitat implica necesariamente discutir los procesos sociales, porque no solo existen las presiones del lobby inmobiliario, también pesa la visión que tenemos los ciudadanos sobre la cooperativización de la tierra y la mano de obra en la construcción de nuestras ciudades”.
TERRITORIO, ESTADO Y ORGANIZACIONES SOCIALES
El secretario de la Federación del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), Homero Ramírez, destacó: “Somos parte de un colectivo que produce hábitat autogesionado y esta actividad surge por una necesidad organizativa, de impulsar con políticas concretas las prácticas que venimos construyendo desde hace mucho tiempo y que han tenido una primera expresión legislativa en la ciudad de Buenos Aires”, sostuvo.
El referente nacional del MOI explicó que “la Ley 341, sancionada en la ciudad de Buenos Aires, permite financiar la producción cooperativa sin ganancia empresarial, con involucramiento familiar y generando experiencias de propiedad colectiva, de mucho mayor calidad y humanidad”.
En referencia a la situación local y provincial señaló que “en la ciudad de Santa Fe venimos impulsando desde hace mucho tiempo el desarrollo de la Cooperativa "Aloe Verá" y estamos trabajando con el gobierno provincial en la producción de viviendas autogestionadas, financiadas por la provincia a través de cooperativas de trabajo”.
PRESENTES
De la actividad, organizada por el Colectivo de Hábitat (MOI-MTL- CTAA – Los Pibes – CTEP – FTV – Miles – FP Darío Santillán – Federación todos juntos – MUB – Manos Unidad por los Barrios – Espacio Independiente de Cooperativas de la 341) en el Centro de Soldados de excombatientes de Malvinas, participaron también la directora provincial de Inclusión para Personas con Discapacidad 1ª Circunscripción, Gabriela Bruno; el diputado provincial Carlos Del Frade; y el asesor legislativo del Bloque Participación e Igualdad, Fausto Botta entre otras autoridades.
EL MOI
El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos surgió hace más de 25 años en los procesos de ocupación de la ciudad de Buenos Aires, de los cementerios de edificios vacíos que dejó la dictadura militar al destruir el aparato productivo y eso generó, durante el transcurrir democrático, una enorme descomposición social que empujó a miles de familias a ocupar un pedazo de la ciudad. Las prácticas organizativas están involucradas en un contexto social específico. De esas experiencias piloto se parió una ley que sistematizó todo ese recorrido de trabajo.
