Gobierno de Santa Fe

El director de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Sirk Marezca, se reunió este jueves con el fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo. En el encuentro, que se llevó a cabo en la sede regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los funcionarios dialogaron sobre la posibilidad de la extensión del servicio de los Centro de Asistencia Judicial (CAJ) a esa localidad.

Este nuevo centro, que se sumaría a los cinco ya existentes, tendría cobertura en la ciudad de Rafaela y sus alrededores. Al respecto, Sirk Marezca señaló que “extender los servicios que brindan los CAJ evidencia el fuerte compromiso de la gestión para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas”.

El director destacó “la buena relación que existe con la Fiscalía regional” y sostuvo que “para nosotros es muy importante, antes de poner en marcha el nuevo CAJ, construir un vínculo fluido con el MPA. Los profesionales del centro de asistencia deben interactuar constantemente con los fiscales que intervienen en las investigaciones penales, de modo que resulta imprescindible, para una mejor defensa de los derechos de las víctimas a quienes asistimos, que los mecanismos de trabajo interinstitucionales estén correctamente definidos”, explicó.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el diseño institucional del nuevo CAJ. “Dependerá, en buena medida, de las necesidades que se presenten en los sectores hacia los que se orienta el servicio que brindamos. Por ello solicitamos información estadística al fiscal regional, de manera tal de conocer con la mayor precisión posible cuáles son las necesidades en materia de acceso a la justicia y, en base a eso y otros factores, definir la estructura y el sistema de trabajo”, concluyó el funcionario provincial.

CENTROS DE ASISTENCIA JUDICIAL
Actualmente son cinco los CAJ en funcionamiento dentro del territorio provincial. Están ubicados en las ciudades de Tostado, Santa Fe, Rosario, Reconquista y Vera. En cada uno de ellos, el usuario puede presentarse y requerir respuestas para diferentes problemas, en tanto víctima o testigo de un delito.

El asesoramiento técnico y profesional que reciben los solicitantes es interdisciplinario por parte de un equipo de abogados, trabajadores sociales y psicólogos. El sistema fomenta así una respuesta precoz e integral, cubriendo a las personas damnificadas por delitos y eventualmente a sus familiares y referentes próximos, siempre de cara a garantizar los derechos de las víctimas a la información, la justicia y la reparación en el marco del nuevo sistema de justicia penal.