A la fecha del hecho, el imputado era menor de edad y por lo tanto permanecía alojado en una institución del régimen de justicia penal juvenil mientras tramitaba la causa penal y hasta tanto se resolviera su situación legal. En mayo pasado se fugó y el CAJ de Rosario, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue anoticiado y comenzó un trabajo coordinado con el juzgado de Menores y la Policía de Investigaciones (PDI). El proceso culminó, finalmente, con la recaptura del prófugo.
En el caso intervienen la abogada Martina Guirado, la psicóloga Ivana Tonero y la trabajadora social Alejandra Di Pompo (quien actualmente se desempeña en el Ministerio Público de la Acusación).
El director de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial, de quien dependen los cinco CAJ que actualmente funcionan en la provincia, se mostró muy satisfecho con el trabajo de los profesionales. “Entendemos que es precisamente éste el rol que debe cumplir el Centro de Asistencia Judicial: acompañar y asistir a la víctima y sus familiares en todo el trámite del proceso judicial, no solo desde el aspecto jurídico sino también con el aporte indispensable de otras disciplinas”, evaluó Fernando Sirk Marezca. “Para las víctimas, o los familiares en este caso, es muy difícil atravesar el proceso judicial, más aún cuando surgen este tipo de vicisitudes. De allí que resulta indispensable un Estado presente, que los acompañe y garantice el derecho de acceso a la justicia”, completó el funcionario.
CENTROS DE ASISTENCIA JUDICIAL
Los CAJ que están en funcionamiento dentro del territorio provincial se localizan en las ciudades de Tostado, Santa Fe, Rosario, Reconquista y Vera. Su objetivo es garantizar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos y ciudadanas, ofreciendo contención, respuesta y acompañamiento a víctimas y testigos de delitos, así como el servicio de mediación penal.