La Comisión de Infraestructura para el Desarrollo del Consejo Económico y Social (CEyS) de Santa Fe analizó este miércoles la Ley de Saneamiento 11.220, con el fin de generar propuestas para su modificación y readecuación en un contexto de transformaciones estructurales del siglo XXI y de recuperación estatal del servicio en la provincia.
El encuentro, llevado a cabo en el auditorio de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), en la ciudad capital, fue encabezado por el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, y la subsecretaria de Desarrollo Estratégico y coordinadora ejecutiva del CEyS, María Paz Gutiérrez.
Garibay explicó que “se amplió la convocatoria a federaciones y cooperativas importantes de la provincia para analizar el estado de situación de la Ley de Saneamiento 11.220, que actualmente administra este servicio”.
“Fundamentalmente se revisó el contexto en que surgió y su incompatibilidad actual, y se planteó la decisión del gobierno provincial de generar un nuevo marco regulatorio del saneamiento”, añadió el ministro.
“Nuestra expectativa es trabajar una nueva Ley de Saneamiento durante 2018. Dentro del gobierno provincial tenemos tres áreas que van a participar en este proceso: la secretaría de Aguas y Saneamiento; Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) y el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) que, si bien no es una dependencia del Ministerio de Infraestructura y Transporte, tiene un subdirectorio de cinco miembros, tres designados por el Poder Ejecutivo con el aval de la Legislatura provincial, por lo cual tiene un vínculo muy estrecho con el Ministerio”, consignó.
“La Ley 11.220 se creó en el contexto de un país que había decidido privatizar todos los servicios y la provincia de Santa Fe privatizó su banco y la Dipos (dirección provincial de Obras Sanitarias), que era el prestador del servicio de agua potable y cloacas en 15 ciudades. A partir de la privatización, se construyó el marco de esta Ley de Saneamiento que creó al Enress como la institución de regulación y control del servicio privatizado, se disolvió la Dipos, y se autorizó al gobierno provincial a hacer la privatización, definiendo la regulación del resto de las prestaciones en todas las ciudades”, completó Garibay.
Asimismo, consideró que “la Ley presenta incompatibilidades con el contexto actual, como por ejemplo, no refiere al proceso de estatización de Aguas Provinciales y la creación de ASSA, ni contempla el sistema de acueductos provinciales”.
El ministro sostuvo que “tenemos que desarrollar una ley que integre estos puntos y que se construya a partir de la participación ciudadana, de las instituciones, de las cooperativas y de los municipios y comunas. Este es el espacio propicio para llevar adelante este proceso de manera participativa ya que esta Comisión de Infraestructura fue creada en 2016 -con la representación social, empresaria y de los trabajadores-, donde se analizan distintos temas prioritarios, en interrelación permanente con el gobernador Miguel Lifschitz”, concluyó.
Por su parte, Gutiérrez subrayó que “hoy nos convocó la propuesta de los representantes de las cooperativas de Agua Potable y del Colegio de Ingenieros Especialistas, coincidente con la iniciativa del ministro Garibay, para trabajar con el objetivo de generar aportes para la modificación o adecuación del texto de la norma”.
LA PALABRA DE LAS INSTITUCIONES
El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable y Otros Servicios Públicos (Fencap), Daniel Kaufmann, celebró “tener una Ley de Aguas por primera vez en la provincia” y afirmó que “la ley de regulación de servicios sanitarios, después de 24 años, presenta grandes falencias: uno de los temas a trabajar es un nuevo texto en la concesión del servicio”.
A su turno, el gerente de la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales, Cristian Marotti, dijo que “la modificación de la Ley 11.220 es un tema que viene de larga data. Nosotros participamos en los distintos foros que analizaron la Ley del Agua y entendemos que un espacio como éste nos incluye a todos”.
En tanto, el presidente de Consejo Regional Económico del Norte Santafesino (Corenosa), Héctor Braidot, calificó el encuentro como “muy interesante” y manifestó la importancia de “tratar temas sensibles como el uso del agua y los desechos que se generan a partir de la intervención de la sociedad. Existen asimetrías en calidad y cantidad de la prestación del servicio en las distintas localidades de la provincia y es hora de estandarizar y prestar debida atención al medio ambiente”, concluyó.
Finalmente, el presidente de la Fundación del Colegio de Ingenieros de Especialistas de Santa Fe, Carlos Mayol, mencionó que “el interés de participar en este proceso es que tenemos especialistas en ingeniería sanitaria y estamos capacitados para llevar adelante proyectos, ideas y obras que enriquezcan las políticas sanitarias”.
PRÓXIMOS PASOS
Durante la reunión, Garibay anunció que la comisión redactora realizará un borrador que en 60 días será compartido a la Comisión de Infraestructura del CEyS. Por su parte, la coordinación ejecutiva del consejo propuso que cada institución realice un trabajo interno a partir de lo debatido en el encuentro, con vistas a ampliar los aportes a la nueva Ley de Saneamiento.
PRESENTES
De la reunión participaron también el secretario de Aguas y Saneamiento, Arnaldo Zapata; el subdirector de Cooperativas, Sergio Ballario; el presidente de ASSA, Sebastián Bonet; y la presidenta del Enress, Anahí Rodríguez.
También estuvieron presentes, representantes de la Federación de Centros Comerciales (Fececo), la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF), la Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera (APPA), el Colegio de Ingenieros Especialistas, la Federación Industrial Santa Fe (Fisfe), la Liga de Madres de Familia, la Asociación Civil Jesús Misericordioso de Venado Tuerto, la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la Federación de Asociaciones de Cooperadoras Escolares del Departamento de Vera, la Pastoral Social de la Iglesia Católica, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), la Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Limitada (Fescoe), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato Santa Fe de Trabajadores de Obras Sanitarias y la constructora Cocyar S.A.
