Las jornadas de análisis y debate se ofrecieron en forma libre y gratuita, asimismo contaron con la participación de diversos actores sociales relacionados con la materia, como abogados, jueces, fiscales, funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), representantes de otras empresas públicas estatales, provinciales y municipales, y del sector privado. Fueron co-organizadas con la Universidad San Andrés (UdeSA) y auspiciadas por la embajada británica en la Argentina.
La primera actividad se realizó el lunes, en la Sede del Gobierno provincial, en conjunto con la Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Participaron el Fiscal General de la provincia, Jorge Baclini; el juez de la Corte Suprema de Justicia Daniel Erbetta; la directora del Centro de Estudios Anticorrupción de UdeSA, Érica Pedruzzi, y un investigador de dicho organismo, Juan María del Sel, junto a jueces, fiscales y funcionarios de la justicia.
El martes, en tanto, se desarrollaron dos instancias, en el salón Rodolfo Walsh de la Sede del Gobierno y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, en las cuales se valoraron el caso de la EPE y su política de integridad, la aplicación de las normas al sector privado y el rol de los abogados en el marco de la ley Nº 27.401. Ambas exposiciones estuvieron presididas por el ministro de Justicia y derechos Humanos, Ricardo Silberstein.
La jornada sobre las acciones que lleva adelante en la materia la EPE y la aplicación de las normas de responsabilidad penal por hechos de corrupción al sector privado, contó con la participación de la secretaria de Estado de la Energía de la provincia, Verónica Geese; el presidente de la empresa, Maximiliano Neri; y el director de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, Paulo Friguglietti. También expuso Erica Pedruzzi, por UdeSA.
“La sanción de la ley nacional 27.401, de responsabilidad de personas jurídicas por hechos de corrupción, impone a las empresas la necesidad de implementar nuevas herramientas”, explicó Friguglietti. “Se trata de medidas que puedan actuar como mecanismos de prevención, así también mejores prácticas en el terreno de la integridad y la transparencia”, agregó. El funcionario destacó que de esta manera las organizaciones generan valor y además evitan eventuales daños reputacionales así como sanciones económicas.
Por la tarde tuvo lugar la última conferencia en la Facultad de Derecho de la UNR, donde se profundizó sobre el rol del abogado en los programas de integridad. Participaron, además de Silberstein y Pedruzzi, el profesor y penalista Daniel Cuenca, así como el subsecretario de Asuntos Penales, Lisandro Martínez Gorostiaga, y Paulo Friguglietti por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
