El Gobierno de la Provincia, a través de funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y junto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este viernes el derribo de un búnker de venta de drogas ubicado en Cerrito y las vías, en el barrio Bella Vista de Rosario, en el marco de la Ley de Microtráfico.
Se trata del derribo número 88 en Rosario y del 147 en toda la provincia desde la promulgación de la norma, a fines de 2023, durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
El secretario de Seguridad, Omar Pereira, destacó que el Gobierno provincial “no detiene sus tareas de investigación y prevención del delito, aun en pleno desarrollo de los Juegos Suramericanos”.
Asimismo, remarcó que “se trata del derribo número 147 en toda la provincia y del 88 en Rosario. Esta herramienta, que es la Ley de Microtráfico, nos permite avanzar sobre estos lugares, muchas veces cercanos a escuelas o centros de salud, que generan violencia, balaceras y homicidios, y alteran la normalidad de un barrio”.
Por su parte, el fiscal César Pierantoni, de la Unidad Fiscal de Microtráfico, consideró que “este fue un derribo muy importante, coordinado desde la Fiscalía de Microtráfico y la Fiscalía General junto con la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, a partir de una investigación sobre el accionar de personas que integraban una banda dedicada al microtráfico y a la usurpación de viviendas en este barrio”.
“De esta banda, con importante poder territorial, ya hay cuatro personas imputadas por comercialización de estupefacientes y por las usurpaciones violentas”, añadió.
Pierantoni explicó que en Cerrito y las vías “funcionaban un búnker y un punto de acopio de estupefacientes”. “En el allanamiento realizado el 12 de agosto se secuestraron 800 dosis de cocaína y 100 dosis de marihuana en este lugar, dedicado exclusivamente a la venta y caracterizado, además, por la gran cantidad de jóvenes conocidos como ‘soldaditos’ que reunía. Además de controlar el territorio, realizaban las usurpaciones”, detalló.
Finalmente, la fiscal Marina Viggo, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, indicó que “la investigación se inició a partir de un llamado al 911, en el que una persona denunció que alrededor de 13 personas armadas habían usurpado su vivienda. A partir de ello se realizaron los allanamientos y se procedió al secuestro de una importante cantidad de estupefacientes”.
