La provincia de Santa Fe promulgó el decreto 3070/2019 sobre datos abiertos, que complementa al 692/2009 el cual regula el acceso a la información pública.
La normativa surge a partir de las recomendaciones sugeridas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en el Reporte de Gobierno Abierto de la provincia de Santa Fe. Una de sus principales propuestas apunta a fortalecer los marcos normativos para institucionalizar prácticas de gobierno abierto. Al mismo tiempo, reconoce los esfuerzos y avances de la provincia en materia de transparencia de la gestión pública.
Este decreto pretende ser una herramienta que establece los datos públicos y contenidos mínimos que deben estar disponibles para toda la ciudadanía en el portal oficial www.santafe.gob.ar/datosabiertos. Asimismo, fija los plazos de publicación y establece parámetros para que las distintas reparticiones del Ejecutivo provincial puedan trabajar de manera estandarizada y transparente brindando esos datos.
También, crea la “Mesa Provincial de Diálogo de Datos Abiertos” coordinada por la Subsecretaría de Innovación Pública del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, quien será la autoridad de aplicación del Programa. La misma estará integrada por representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC) especializadas en transparencia, participación ciudadana y/o apertura de datos.
Política de datos abiertos
En el ejercicio de la transparencia activa, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe pone a disposición datos públicos que se pueden consultar y descargar gratuitamente en el portal www.santafe.gob.ar/datosabiertos, sin barreras legales ni tecnológicas y en formatos que permiten su reutilización. Ahí se puede acceder a 150 datasets con más de 500 archivos que contienen datos abiertos e información digitalizada y de alto valor de los distintos organismos del estado y la ciudadanía.
Antecedentes
En 2009 la provincia puso en funcionamiento el primer Sistema de Acceso a la información Pública establecido mediante el decreto 692/09, el cual sentó las bases normativas para comenzar un trabajo que hasta el día de hoy fue sostenido mediante un ecosistema de políticas e iniciativas en pos de la calidad institucional.
El decreto establece que la autoridad de aplicación es la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien además articula una “Unidad de Enlace” en cada uno de los ministerios para garantizar respuestas gratuitas y accesibles a los pedidos de acceso a la información pública, y avanza en algunas políticas de transparencia activa.
A principios de 2016, la gestión de Lifschitz fue la primera en crear una Dirección Provincial de Gobierno Abierto con el objetivo de tener una agenda activa y permanente durante los últimos 4 años en esta temática. En el mismo año el gobernador envió a la Legislatura un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública para que la transparencia alcance a todos los poderes del Estado y a las empresas públicas, pero a pesar de haber conseguido media sanción en la Cámara de Diputados, no fue aprobada en el Senado.