El juez penal de Instrucción N° 2 de la ciudad de Santa Fe, Darío Sánchez, dio a conocer este jueves su decisión, la cual “generaba expectativas por lo inédito de la situación, que implica admitir como querellantes a particulares en causas en las que se investigan delitos contra la administración pública”, explicaron desde la dirección provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial.
En la audiencia previa, donde los letrados del CAJ Zulema Rivera y Federico Lombardi hicieron su planteo, estuvieron presentes la fiscal Elena Perticará, y una de las defensoras de los implicados en la causa. El Ministerio Público Fiscal hizo propios los fundamentos vertidos por los peticionantes y la defensa no se opuso así que el magistrado declaró admisible el pedido de constitución de querellante a favor de Juan Carlos Márquez y Ramona Eulogia Contreras, padres de la víctima.
La causa por las presuntas irregularidades policiales había sido iniciada por el juzgado de Instrucción, ya que por la fecha del hecho, la causa del homicidio se tramita según las reglas del viejo sistema penal. Rivera, directora provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial, y Lombardi, abogado de la Oficina de Víctimas del CAJ Santa Fe, plantearon en la audiencia que si bien los delitos endilgados al personal policial no tienen como víctima directa a sus representados, los padres de Pablo Emanuel tienen legitimación para participar en las actuaciones que investigan quiénes, cómo y porqué obstaculizaron o impidieron la dilucidación del crimen de su hijo.
“La fiscal de la causa acompañó un memorial en el que amplió los fundamentos antes esgrimidos por el fiscal Jorge Andrés, actuando en su reemplazo, y se pronunció a favor de la tesis de la querella, mientras que las defensas no formularon oposición al pedido”, recordaron desde el CAJ.
CENTROS DE ASISTENCIA JUDICIAL
Los CAJ fueron creados a partir de 2009 en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Tostado, Vera y Reconquista para ofrecer contención, respuesta y acompañamiento a víctimas y testigos de delitos. Además de la asistencia jurídica que prestan los abogados, estos centros cuentan con equipos de psicólogos y trabajadores sociales a los fines de brindar una asistencia integral a los damnificados y sus familiares. La Oficina de Asistencia a la Víctima es la única del país que puede ejercer representación de las víctimas en juicio, patrocinándolas o, mediante poder especial, constituyéndose como querellante.