El secretario de Gestión Pública, de quien depende la Agencia de Bienes Decomisados (Aprad), Matías Figueroa Escauriza, continúa con la distribución de insumos que la provincia compró tras subastar bienes decomisados a delincuentes. En esta ocasión, los elementos que se donaron fueron tablets, kits deportivos y equipos de sonido destinados a entidades de bien público de Venado Tuerto.
Las entregas se concretaron durante una recorrida que las autoridades realizaron este miércoles por instituciones de esa localidad. El funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se entrevistó con directivos, docentes y equipos interdisciplinarios que allí se desempeñan, acompañado por el diputado provincial Oscar Pieroni y el concejal Leonel Chiarella.
En primer lugar, las autoridades visitaron la Escuela de Bomberos Voluntarios, donde entregaron guitarras; luego visitaron los clubes Avellaneda y Ciudad Nueva, donde entregaron kits deportivos; posteriormente, se entregaron equipos de sonido en la escuela Nº 1.198; y finalmente, el recorrido incluyó la escuela Nº 789, en la que se entregaron diez tablets.
“Este año comenzamos a entregar elementos que compramos con los fondos de las subastas de bienes incautados a los delincuentes, y continuaremos en distintas instituciones de toda la provincia”, explicó Figueroa Escauriza. Ya se realizaron dos remates públicos de vehículos en las ciudades de Rosario y Santa Fe.
“Entidades deportivas y culturales, clubes, vecinales y asociaciones reciben estos insumos luego de que nos comprometiéramos a invertir lo recaudado en políticas sociales, de modo que aquello que le fue sustraído a la sociedad a través de actividades delictivas de alguna manera regrese”, añadió el secretario de Gestión Pública, quien valoró la política pública llevada adelante a través de la Aprad por tratarse de una acción de gobierno inédita en la Argentina.
“Disponemos de los objetos secuestrados por la justicia en el marco de investigaciones penales y gestionamos que pasen a la esfera estatal vía subasta o reutilización. El objetivo es afectar el poder económico de las bandas y darles a los bienes adquiridos ilícitamente un destino público, es decir que sirvan a los fines sociales en dependencias oficiales o en organizaciones civiles”, concluyó el funcionario.
