La inclusión socioeducativa hace imprescindible la construcción de la igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia, el aprendizaje y el egreso de los niños, niñas, jóvenes y adultos, a través de las distintas instancias educativas que posibiliten una inserción social profunda. Esta inclusión socioeducativa se sostiene en los valores de solidaridad y emancipación: solidaridad para dar lugar y atender las situaciones de aquellos sujetos con derechos vulnerados; emancipación como perspectiva de trabajo cuyo horizonte es la construcción de sujetos autónomos y responsables.
En el marco de la política educativa provincial hablar de inclusión socio-educativa implica superar algunas interpretaciones instaladas que han estructurado el sistema educativo. Históricamente inclusión educativa significó, en primer lugar, acceso material a la escuela -es decir todos en la escuela-, expansión de la cobertura a toda la población infantil y obligatoriedad con la correspondiente ampliación de cantidad de años de escolaridad -es decir igualdad de oportunidades de acceso como forma de asegurar la inclusión-. En segundo lugar significó igualdad social, teniendo en cuenta que “todos en la escuela” no es garantía de igualdad ya que no todos aprenden lo mismo, porque enseñar lo mismo a todos no es garantía de que todos aprendan los mismo, ni de que se generen trayectorias escolares completas. De este modo, la inclusión educativa se ha expresado y se expresa en políticas compensatorias. Dado que no es suficiente con que esten todos en la escuela, ni con enseñar a todos lo mismo como si fuese sinónimo de igualdad o inclusión, la justicia distributiva es para nosotros una forma incompleta de entender las cuestiones educativas.
Cuando hablamos de inclusión socio-educativa en el terreno educativo, apelamos al concepto de justicia curricular² (Connell, 2006), porque para que haya inclusión educativa debe haber un currículum que contemple los intereses de todos, incluyendo los de los menos favorecidos. La justicia curricular no sólo se materializa en documentos curriculares como prescripciones, sino también en acciones de acompañamiento a las trayectorias de los alumnos, de formación para los docentes en ejercicio y de vinculaciones interinstitucionales entre organizaciones del estado y de la sociedad civil - que en nuestra provincia se plasman en programas como “Vuelvo a estudiar”, “Lazos”, “Continuidad de los aprendizajes” y “Sabores y saberes”, entre otros-.
En este sentido, la política educativa no se constituye en un conjunto cerrado y aislado de medidas técnicas, sino que se ubica en continuidad de los principios de justicia elegidos por una sociedad. Así, garantizar el derecho integral a la educación es un gran desafío ya que significa garantizar el ingreso, la permanencia, el aprendizaje y el egreso para todos los santafesinos.
En este sentido, el modelo de escuela que se propone exige revisar las condiciones de aprendizaje, la organización institucional, las pedagogías y el currículum desde las perspectivas de todos los sectores sociales y, en particular, desde la perspectiva de aquellos para quienes la escuela no fue originalmente concebida. Exige también fortalecer la educación pública como un espacio para todos, donde sea posible el encuentro en la diferencia, la reconstrucción de los lazos sociales y la recuperación de inscripciones culturales comunes, que unan y amparen a individuos diferentes. Lejos de perseguir un universalismo homogeneizador, la recuperación de lo común se complementa con la necesidad de reconocer la diferencia cultural.
Entendemos que la escuela debe promover un modelo didáctico flexible y plural, que permita atender las diferencias de origen, de manera que el acceso se ajuste a los intereses, ritmos y motivaciones de todos los alumnos, sin importar cuáles sean sus códigos de consumo cultural. Es importante modificar aspectos del funcionamiento de nuestro sistema educativo, eliminar las prácticas escolares segregativas y propiciar la búsqueda de estrategias, metodologías y espacios incluyentes posibilitando que el derecho de Educación para todos sea una realidad.
Para que la escuela se vuelva incluyente se tienen que identificar las barreras de aprendizaje, y en este sentido, es el Estado fundamentalmente quien debe asumir medidas positivas que las remuevan. La escuela inclusiva está sustentada en una pedagogía que se opone a la selección jerárquica y propone la voluntad explícita de que los alumnos se desarrollen en un contexto escolar respetuoso de la diferencia cultural.
La idea de inclusión se diferencia a su vez de la de integración, ya que ésta última supone conceptualmente la preexistencia de una separación o segregación donde una parte de la población escolar se encuentra fuera del sistema educacional regular y debe ser integrada en este. En dicho proceso, el sistema permanece más o menos intacto, mientras que quienes deben integrarse tienen la tarea de adaptarse a él. En oposición a esta idea, la concepción de escuela inclusiva, en y para la diferencia, forma parte de un proceso más amplio y complejo, que supone crear un contexto de aprendizaje inclusivo desarrollado desde el marco de un currículum común y atendiendo a las diferentes formas de apropiación de los sujetos.
El proyecto institucional o escolar, la propuesta curricular, el proyecto de aula y el plan de atención individual deben aportar a una verdadera inclusión educativa. De este modo constituyen un marco de reglas y criterios, habilitan el tratamiento de los desacuerdos entre los participantes -incluidos los alumnos- y conforman los encuadres para la tarea cotidiana de enseñar. Entendido de este modo, el currículum es una herramienta dinámica y flexible que atiende al desarrollo de cada niño, niña, joven y adulto, tomando en cuenta la realidad social y cultural del entorno.
En una sociedad cambiante y atravesada por aristas muy complejas, la escuela no escapa a esta realidad, todo lo contrario, aunque muchas veces intenta resistir a los conflictos, estos igualmente irrumpen en las aulas y afectan a todos los actores de la educación.
Hoy el reto es desarrollar una pedagogía que posibilite incluir a todos los niños y jóvenes dándoles un lugar de protagonismo, logrando constituir nuevos espacios para albergar y favorecer la construcción de subjetividades en un trabajo que permita al educador dar lugar a los tiempos de cada sujeto que aprende.
Corrernos de la idea de que para lograr aprendizajes equivalentes hay que apelar a enseñanzas similares es hoy un gran desafío que nos lleva a tener que trabajar con el concepto de cronologías de aprendizaje y a plantearnos que la idea de aprendizaje monocrónico -aquel que sigue un ritmo igual para todos- debe ser interpelado para que podamos dar un salto desde las trayectorias escolares incumplidas hacia trayectorias escolares continuas y completas_³.
Para poder desterrar el mandato homegeneizador de la escuela es necesario revisar la propuesta formativa y el aporte que brinda. El sistema educativo en su organización enmarca lo que se llama trayectorias escolares teóricas que son itinerarios que siguen una progresión lineal prevista por éste en los tiempos marcados por una periodización estándar. Tres rasgos del sistema educativo son especialmente relevantes para la estructuración de las trayectorias teóricas y son: la organización del sistema por niveles, la gradualidad del currículum y la anualización de los grados de instrucción. Pero si analizamos las trayectorias reales de los sujetos, podemos reconocer itinerarios que determinan escolarizaciones de modos heterogéneos, variables y contingentes.
Hoy debemos tener puesta la mirada en la transformación del problema de la inclusión, que trae consigo una preocupación por asegurar, desde las políticas educativas, que los sujetos realicen trayectorias escolares contínuas y completas, y romper así, con la inflexibilidad de nuestros desarrollos pedagógicos-didácticos.

_{2 Connell, Robert. Escuelas y justicia social (3ra reimpresión ed.). Madrid: Morata. 2006.}