El secretario de Gestión Pública de la provincia, Matías Figueroa Escauriza, entregó este lunes kits deportivos, monitores e instrumentos musicales en escuelas, clubes y en un centro para jóvenes con discapacidad de la ciudad de Rafaela. Los elementos habían sido adquiridos con fondos provenientes de la subasta de bienes decomisados a delincuentes.
En primer lugar, el funcionario visitó el centro especial “La Huella”, donde acuden niños y jóvenes con discapacidad. Se entrevistó con los equipos de trabajo que allí se desempeñan e hizo entrega de un parlante.
Más tarde, encabezó las entregas de monitores y guitarras en dos escuelas, la N° 1361 Ángela Peralta Pino, del barrio Zazpe, y la N° 1393 José Pedroni, del barrio 2 de Abril. La jornada terminó con donaciones de pelotas y conos para la práctica de vóley y de fútbol en los clubes deportivos Almagro, Peñarol, Quilmes, Sportivo Norte y Boca Juniors de Rafaela.
“Ya realizamos dos subastas públicas importantes de vehículos que habían sido incautados a delincuentes. A los fondos que obtenemos los invertimos, como nos habíamos comprometido, en políticas sociales”, dijo Figueroa Escauriza y agregó que “ahora estamos distribuyendo los elementos que compramos -de carácter recreativo, educativo y deportivo- en instituciones oficiales y en ONG de toda la provincia”.
Figueroa Escauriza recordó que las entregas de los insumos comenzaron a principios de este año “a pedido del gobernador Miguel Lifschitz, y ya se materializaron en más de 80 entidades de las cinco regiones en las que se encuentra dividida nuestra provincia, porque trabajamos con un criterio de descentralización”.
La Agencia de Bienes Decomisados (Aprad) prepara el próximo remate público. “Gestionamos que los objetos secuestrados pasen a la esfera estatal vía subasta o reutilización, mientras los custodiamos en predios especialmente dispuestos para ello en las ciudades de Santo Tomé y Alvear”, continuó Figueroa Escauriza.
“El objetivo es afectar el poder económico de las bandas y darles a los bienes adquiridos ilícitamente un destino público, es decir que sirvan a los fines sociales en dependencias del Estado o en organizaciones civiles. O que lo producido por su venta se invierta en elementos que regresan a la comunidad”, concluyó el secretario.
Participaron también de la recorrida el diputado provincial Omar Martínez y autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
