El gobierno provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, firmó este martes con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) un convenio de colaboración a los fines de implementar dispositivos para supervisión, monitoreo y rastreo de agresores y víctimas en casos de violencia doméstica en la ciudad de Rafaela.
El sistema es dual, es decir que, por un lado, el agresor tiene una pulsera y un aparato que establece donde se encuentra y por dónde circula; y la víctima, a su vez, tiene uno similar, que, además, cuenta con botón de pánico. Los perímetros de ambos son móviles y no pueden aproximarse ni mucho menos cruzarse. Si esto sucede, el sistema emite una alarma al centro de monitoreo, que es responsabilidad de la provincia garantizar mientras que los aparatos son provistos por el gobierno nacional.
El acuerdo fue firmado por el secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, y el fiscal regional, Diego Vigo, en la sede del Ministerio Público de la Acusación en Rafaela. También estuvieron presentes los coordinadores de la Región 2 de los ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos, Agustín Andereggen; Agustín Zárate, respectivamente.
Al respecto, Figuero Escauriza expresó que “se habla de dualidad porque los aparatos tienen un mecanismo que les permite reconocerse entre sí, se georeferencian y se calibran para que se active la alarma si hay una violación de la distancia perimetral determinada por la Justicia”.
“La pulsera, colocada por personal idóneo del Ministerio de Seguridad, es resistente al agua y dispara una alerta si la intentan manipular, sacar o romper. Además, tiene un sensor biodinámico que registra la actividad corporal. Es un avance para la protección de las mujeres víctimas, significa nada más y nada menos que la posibilidad de retomar su vida y su libertad”, añadió.
Por último, el funcionario provincial agregó que “el gobierno de la provincia seguirá trabajando para el abordaje de los casos de violencia de género, para prevenirla y erradicarla. Es nuestro compromiso”.
Gracias a esta nueva tecnología se puede efectivizar el cumplimiento de medidas cautelares decretadas en casos de alto riesgo de violencia de género. El control se realiza durante 24 horas, los 365 días del año, de acuerdo a protocolos de actuación preestablecidos.
En 2017 provincia y Nación había comenzado a trabajar en la puesta en marcha de este modelo de supervisión a partir de una prueba piloto. Rafaela es la segunda ciudad de la provincia donde los dispositivos se implementan.
Las prohibiciones de acercamiento son dictadas por el Poder Judicial y el Ejecutivo las pone en práctica. A esos fines existe un centro de monitoreo y control en la ciudad de Rosario que cuenta con personal capacitado.
